viernes, 21 de julio de 2017

EL BOLETIN JULIO 2017!!

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lunes, 13 de febrero de 2017

EMPLEO PÚBLICO:
Proyecto para eliminar anualidades,
¡NO PASARÁ!

Luego de la derrota política del expediente legislativo 19.506, conocido como la “ley contra el empleo público”, la realidad político-parlamentaria actual nos permite concluir que es prácticamente imposible la aprobación de cualquier proyecto que atente contra los derechos económico-laborales y salariales de las mayorías trabajadoras del sector Público.

Lo único que parece viable en el corto plazo es que se estaría abriendo espacio político para que la actual Asamblea Legislativa apruebe una fuerte regulación para los escandalosos salarios abusivos de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, de forma tal que los indignantes casos de los más recientes aumentazos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y en el Instituto Nacional de Seguros (INS), sean los últimos en su especie.

Efectivamente, la posibilidad de parar, en definitiva, este fiestón salarial de lo que denominamos en ANEP, como “Olimpo estatal”, podría acabar si avanzan oportunas iniciativas materializadas en proyectos de ley formuladas por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Frente Amplio (PFA); iniciativas de las cuales el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP han sido plenamente informados por ambas colectividades político-parlamentarias permitiéndonos afirmar que solamente “salariazos” superiores a los 5.3 millones de colones serían regulados. Ningún salario inferior a esa suma se tocará.

Con la responsabilidades y con la seriedad con la cual la ANEP, con el apoyo político del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, asumió la gran cruzada cívica-social y laboral para la derrota político-ideológica de la perversa tesis de que el déficit fiscal se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras del Estado, lo cual logramos al punto de que quedara sepultado ese expediente legislativo 19.506; hoy podemos afirmar que un proyecto contra las anualidades, ¡NO PASARÁ!

Efectivamente, el expediente legislativo No. 19.787, “Ley sobre la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad” (contra las anualidades), no tiene espacio político alguno. ¡NO PASARÁ!

La contundencia de esta afirmación va acompañada de una rigurosa acción sindical de fiscalización y de incidencia política, intraparlamentariamente hablando, toda vez que resulta imposible que en estos tiempos electorales nada contra el empleo público tiene posibilidades; y, mucho menos, ignorando, invisibilizando, nulificando, excluyendo, la calificada voz y representación socio-obrera de las organizaciones sindicales que representan a la clase trabajadora del Estado; especialmente aquellas agrupaciones que han mostrado gran responsabilidad, rigurosa actitud de estudio y seriedad profesionales en el enfrentamiento al ataque ideológico-político de corte neoliberal en contra del empleo público, sin tener que acudir al panfletarismo o a la muletilla cajonera de apelación a huecas consignas.

En todo caso, reiteramos que nadie debe bajar la guardia militante en defensa del Empleo Público.

Este tema y, en general, el del Empleo Público, son esencia fundamental y permanente de la actual agenda de  la Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP; y, serán abordados por el próximo Consejo Consultivo Nacional (CCN-ANEP), de la organización, el próximo viernes 24 de marzo entrante, cuando los 128 gremios sociolaborales que componen la ANEP de hoy en día, debatirán sobre este candente tema.

San José, jueves 9 de febrero de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
                                                                                                                
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Fundada el 19 de agosto de 1958
COSTA RICA

martes, 17 de enero de 2017

Salarios 2017

Costa Rica
LA PRENSA LIBRE digital
Martes 17 de enero de diciembre de 2017 
Artículo semanal de la ANEP, el número 180, para LA PRENSA LIBRE
(Número 935 para el Grupo EXTRA)

IVM-CCSS:
LA REBAJA SALARIAL DEL 1 %

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)


La gente está enojada. Hay indignación general. Deben admitirlo. Escogieron el peor momento para anunciar el aumento de un uno por ciento (1 %) en el monto de la cotización obrera para el régimen de pensiones más importante del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM-CCSS).

Pero, además, lo hicieron cuando ellos mismos habían vendido la idea de un “diálogo” social entre los principales actores involucrados en el tema: patronos, trabajadores y Estado; “diálogo” social para, supuestamente, construir un mágico consenso sobre el futuro mediato, inmediato y de largo plazo de IVM-CCSS.

Y la pifia, el error político, es triple: la cuota patronal no se tocó. ¿Y cuál fue el papel del representante sindical en el seno de la Junta Directiva de la CCSS? Vaya usted a saber…

Y como si todo esto no fuera suficiente, quedó en evidencia que entre la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y el Presidente de la República (el Gobierno), no hubo comunicación alguna al respecto pues el mandatario le pidió a la Caja reconsiderar su decisión.

Desde una perspectiva obrero-asalariada en realidad, la desafortunada decisión de la Caja es abiertamente una rebaja en el salario, es una reducción de un 1 % en el mismo, lo que representa un mayor impacto en épocas de congelamiento salarial prácticamente real como las que ya estamos sufriendo.

Como el trabajador no come macroeconomía, el bienestar de la misma no le llega a él puesto que, por ejemplo, el salario mínimo no sufre expansión alguna, no incrementa su poder de compra, no amplía su potencial adquisitivo.

Y en un país de tan alta carestía de vida, que le quiten un 1 % al salario no es más que una medida a favor del proceso concentrador de riqueza que vivimos que equivale a más aumento en la desigualdad.

Pero, además, la sumatoria general que dará el 1 % de cada trabajador, tanto público como privado, generará una masa de dinero gigantesca de prácticamente un tercio de punto porcentual de Producto Interno Bruto (PIB) al año. Según los entendidos, cerca o poco más de 100 mil millones de colones. A lo mejor esta cifra podría ser mayor.

El prestigioso economista y académico don Luis Paulino Vargas Solís nos llama la atención con relación al impacto que tendrá ese punto PIB que le sacarán al bolsillo de la clase trabajadora para trasladarlo al mercado financiero de las inversiones objeto de llegada de estos nuevos recursos; un impacto que será negativo para el consumo, para la producción nacional y para las importaciones que complementan el consumo interno: menos ventas y más reducción del comercio y, por ende, menor crecimiento de la economía para este 2017. Estamos seguros que el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR) tendrá que hacer alguna revisión de su programa macroeconómico para este año.

Esta es una perspectiva del problema que muestra una consecuencia digamos que en su superficie. Pero nos preguntamos, ¿acaso hay un “mar de fondo” en todo esto?

Si en verdad el IVM-CCSS está mal y el estudio que le hizo la Universidad de Costa Rica (UCR) es “inmaculado”, es decir, no hay interés doble o por escrutar al respecto más allá de lo que parece ser sus contundentes conclusiones; para nadie es un secreto que hay poderosos intereses financiero-bancarios que no solamente están al asecho de este bacanal fresco de recursos para incrementar su poderío lucrativo y especulativo al respecto; sino que ansían que el esquema solidario del IVM desaparezca de una vez por todas para que el famoso esquema de cotización individual se imponga y que cada quien, al final de su vida laboral, reciba la pensión en proporción a lo que aportó para la misma.

La crisis financiera del IVM es un problema político. Y pese al enojo generalizado que tenemos por la rebaja salarial en perspectiva de ese 1 %, se impone un enfoque sindical unitario que combine la movilización organizada, la demanda de rendición de cuentas con relación a decisiones que nos hicieron llegar a esa crisis, los aspectos objetivos técnico-demográficos, así como la construcción del necesario blindaje para cerrarle el paso a los promotores de la privatización y del individualismo para su sostenibilidad futura.

Para el capital la salida es simple: esa, de la cotización individual derogando el esquema solidario del IVM-CCSS. Para la tecnocracia político-gerencial intocable de la CCSS responsable de su crisis, la salida es simple: rebajemos el salario en un 1 % y esa reducción se pasa a las finanzas de este régimen pensional.

Para un sindicalismo que pretenda ser responsable el asunto debe ir más allá de la consigna legítima que se impone en cuanto a reclamar que es siempre la clase trabajadora la que paga los platos rotos.

Se debe ir más allá y tiene razón el citado economista Vargas Solís cuando nos dice lo siguiente: “Costa Rica necesita un relanzamiento de la productividad de su economía, lo cual es base necesaria para hacer sostenible en forma perdurable la seguridad social en el contexto de cambio demográfico que vivimos. Esto sólo es posible mediante una profunda reorientación del ‘modelo` económico”. La necesidad de la movilización es incuestionablemente contundente, en tal sentido.


ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
Fundada el 19 de agosto de 1958
COSTA RICA

ANEP es integrante de:
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Internacional de Servicios Públicos (ISP)
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miércoles, 5 de octubre de 2016

EL FRANCO COSTARRICENSE




El Liceo Franco Costarricense es creado a partir de un acuerdo bilateral entre Costa Rica y Francia. Como parte de este acuerdo, se crea la Asociación Franco Costarricense de Enseñanza, formada por los padres y madres de la institución y los representantes de los gobiernos tanto de Francia como de Costa Rica (los cuales, cabe mencionar, tienen derecho de veto). Esta Asociación, como cualquier otra, está regulada por la ley; en este caso por la Ley de Asociaciones y sus reglamentos, según los cuales debe regirse. La Asociación, a su vez, también debe administrarse según las reglas de la AEFE, respetando la convención firmada entre ambos países.

Debido a esto, la Junta Administrativa de la AFCE debe velar por tener total transparencia en todos sus actos; en el manejo del personal a su cargo, en el manejo de los fondos, en las decisiones sobre la infraestructura del Liceo o en cualquier otra decisión que tome relacionada a este centro educativo.

En este momento, según tenemos entendido, se está llamando a los asociados de la AFCE a una Asamblea General para la aprobación del presupuesto 2017. Supuestamente este presupuesto no propone aumentos en la colegiatura ni cambios de otro tipo.

A este respecto, como Sindicato nos han surgido algunas preguntas:


·         Hemos escuchado que se quieren construir unas aulas en el preescolar. ¿Se convocó a Asamblea para aprobar este proyecto?

·         ¿En algún momento se solicitó, vía asamblea ordinaria u extraordinaria, la opinión de los asociados hacia este proyecto?

·         Nos han dicho que la licitación de este proyecto se realizó de manera privada por invitación. ¿Por qué? Al ser el Franco una institución pública de carácter internacional, la licitación debe ser pública.

·         ¿Los representantes gubernamentales están al tanto de esta irregularidad?


La naturaleza de la Asociación Franco Costarricense de Enseñanza está clara:





La tarea para quienes administren la Asociación Franco Costarricense de Enseñanza no es nada sencilla; es un trabajo que demanda mucho tiempo, mucha energía y que a cambio no da ninguna remuneración económica. Sin embargo, la parte más difícil del rol como miembro de la Junta Directiva de la AFCE probablemente es recordar y cumplir su misión de administrar al Liceo Franco Costarricense en el marco de los valores de solidaridad, tolerancia, respeto mutuo y amistad.

Instamos a cada miembro de la Junta directiva a hacer una reflexión personal sobre esto; a que procuren siempre, en la vigencia de sus puestos, ser coherentes en sus decisiones y acciones con estos valores, y a recordar que el Liceo Franco Costarricense es una comunidad compuesta por sus estudiantes, las familias y también los empleados que aquí laboran.



Y como nota educativa, los invitamos a leer e informarse de algunas de las regulaciones con que se debe tutelar nuestra institución, única en el mundo.   



Reglamento a la Ley de Asociaciones



CAPÍTULO VI
Declaratoria de utilidad pública

Artículo 32. — Las asociaciones que sean declaradas de utilidad pública gozarán de los beneficios y franquicias que el Poder Ejecutivo otorga de acuerdo con la ley. Deberán presentar a la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Gracia un informe anual de su gestión, referido al aprovechamiento a favor de la comunidad del beneficio que les fue otorgado. La declaratoria será revocable en cualquier momento, mediante resolución razonada, previa audiencia a la Asociación por el término de diez días hábiles.


Artículo 33. — La Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Gracia podrá en cualquier momento solicitar a las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública informes sobre su gestión, auditorías, controles financieros y otros que estime pertinentes para velar por el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Asociación. Asimismo, podrá solicitar a la Dirección o Subdirección de Personas
Jurídicas del Registro Nacional, su intervención de oficio a efecto de fiscalizar a estas asociaciones.


CAPÍTULO IX
Fiscalización de las asociaciones

Artículo 43. — Compete al Ministerio de Justicia y Gracia, por intermedio de la Dirección o Subdirección del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, la fiscalización de las asociaciones, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se tenga conocimiento de una incorrecta administración de las asociaciones.

b) Cuando exista inconformidad con la celebración de asambleas, en virtud de violaciones a la Ley de Asociaciones, su Reglamento o los estatutos internos.

c) Cuando se viole el debido proceso en cuanto a afiliación, desafiliación o expulsión de asociados, irrespetando la Ley, su Reglamento o los estatutos del ente.

d) Todo otro asunto que se relacione directamente con la administración de las asociaciones, quedando excluido el aspecto contable el cual será competencia de la autoridad correspondiente.


Artículo 45. —El órgano competente para fiscalizar las asociaciones podrá intervenir de oficio en aquellas declaradas de utilidad pública, que ejecuten programas con el Estado o hayan recibido bienes o fondos del Estado o sus Instituciones.




MARCO JURIDICO QUE REGULA A LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

1. Disposiciones constitucionales
El origen jurídico de la libertad de asociación en Costa Rica deriva del artículo 25 de nuestra Constitución Política, consagrado dentro del título IV sobre derechos y garantías individuales, el cual estipula:
"Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna."
Sin embargo, en lo referente a las asociaciones y fundaciones en Costa Rica, la norma fundamental es el artículo 25 constitucional con la interpretación y criterio jurisprudencial que los Tribunales de Justicia le han dado, en especial los votos de la Sala Constitucional analizados en los principios de las OSFL.
2. Tipos legales de organizaciones sin fines de lucro: asociaciones y fundaciones
Ya se ha dicho que los tipos principales de organizaciones sin fines de lucro que se analizarán en este documento son las asociaciones y las fundaciones. Ahora procederemos a analizar los fines y objetivos que persiguen estas organizaciones.
2.1 Fines y objetivos de las asociaciones
Las asociaciones en Costa Rica, se encuentran reguladas por la Ley de Asociaciones, N° 218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas, y su reglamento del 28 de noviembre de 1988. Además, existen leyes especiales que regulan actividades específicas de estas organizaciones.
El Artículo 1° de la Ley de Asociaciones, establece que:
"El derecho de asociarse puede ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.