La CCSS es del pueblo, no de una asociación
privada.
José María Villalta
Florez-Estrada
El TSE ha anunciado el inicio del
proceso de recolección de firmas para convocar a un referendo por iniciativa
popular con el objetivo de que el pueblo decida en las urnas sobre la
aprobación o no de un proyecto de ley para reformar la integración y el
funcionamiento de los órganos de dirección de la Caja Costarricense del Seguro
Social. El objetivo declarado de esta propuesta es despolitizar la junta
directiva de la CCSS,
incluyendo representación de las y los asegurados, en sustitución de puestos
directivos que actualmente son nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo. Sin
embargo, lo que dice el proyecto de ley es cosa totalmente distinta.
Estamos de acuerdo con la necesidad
de eliminar la ingerencia politiquera de los gobiernos de turno en la junta
directiva de la CCSS. Apoyamos
dar participación a las personas aseguradas, la razón de ser de la institución.
Es innegable que el nombramiento político de pegabanderas debe sustituirse por
procesos más transparentes y participativos, donde se apliquen mayores
criterios de idoneidad y normas más rigurosas para evitar conflictos de
intereses.
Pero el proyecto de ley que se
pretende someter a referendo no garantiza nada de lo anterior. Según el texto
publicado en el diario oficial por el TSE, se busca reformar el artículo 6,
inciso 3) de la Ley Constitutiva
de la CCSS para
sustituir los tres representantes de la junta directiva que hoy nombra el Poder
Ejecutivo por lo siguiente: “Los
representantes de las personas aseguradas serán nombradas en Asamblea General
de la Asociación Nacional
de Asegurados de la Caja Costarricense
del Seguro Social, convocada para tal efecto”.
Es decir, los cargos que
actualmente designa el Poder Ejecutivo pasarían a ser nombrados por una asociación
privada. He aquí el gran engaño: Las y los supuestos representantes de las
personas aseguradas no serían nombrados por las personas aseguradas, sino por
un grupo de personas integradas en un ente privado, que no está sujeto al más
mínimo control ciudadano.
Tal como consta en el Registro
Nacional, desde abril de este año se encuentra inscrita la “Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS”, con cédula
jurídica 3-002-656023, organismo privado regido por la Ley de Asociaciones. Su
asamblea constitutiva fue integrada por 23 personas en calidad de “asociados
fundadores”. Es decir, no trata de que las y los miles de asegurados de la CCSS nombren sus
representantes, sino de entregar el control de la junta directiva de esta
institución a 23 personas, que se arrogarían su representación. Alguien podría
sostener que el Poder Ejecutivo hace lo mismo, pero al menos al Gobierno
podemos exigirle rendición de cuentas y responsabilidad por sus decisiones. A
los asociados de un organismo privado, no.
Pero, hay más. Sin duda alguna,
lo más grave de este caso es que se pondría al pueblo a votar por un proyecto
de ley que supuestamente cambiaría la forma de nombramiento de la junta
directiva de la CCSS. Pero
lo fundamental de ese cambio: quién y como se elegirían los supuestos
representantes de las y los asegurados, no está definido en el proyecto que la
gente votaría. Por el contrario, se delega en un ente privado.
La reforma dice que será la Asamblea General
de la asociación privada la que nombrará la representación de las y los
asegurados ante la junta directiva de la CCSS, pero en ninguna parte regula el
funcionamiento de esa asamblea y lo más importante: quienes la integrarán con
derecho a elegir. Como la ley no dice nada, estos temas quedan convenientemente
delegados a los estatutos de la asociación privada, es decir, a la total
discrecionalidad de sus asociados, que son los que aprueban y modifican los
estatutos.
Cuando salió a la luz pública la
solicitud para realizar este referendo, muchas persones solicitaron a sus
promotores explicaciones sobre el funcionamiento de esta asociación, incluyendo
copia actualizada de sus estatutos. Nunca quisieron entregarla. Ahora
entendemos por qué.
Dice el artículo 7 de los
estatutos de la asociación: “La admisión
de nuevos asociados debe ser aprobada o no por la Junta Directiva por unanimidad
de votos presentes en la sesión de dicho órgano que conozca la solicitud de
ingreso.”
De esta forma, los miembros de la
asociación no solo pretenden atribuirse la potestad de nombrar la
representación de las personas aseguradas, sino que también ostentarían el
poder para decidir quién es el pueblo. Quienes tienen derecho a votar para
elegir a sus representantes y quienes no.
Usted puede haber trabajado
arduamente en la junta de salud o en el comité de defensa de la seguridad
social de su comunidad. Puede estar necesitando desesperadamente que mejore la
prestación de los servicios de salud. Puede ser un cotizante modelo que nunca
dejó de contribuir solidariamente con la CCSS.
Pero si no cuenta con el visto bueno de 7 personas que
integran la junta directiva de una asociación privada, se le negará el derecho
a elegir a sus representantes. Basta que uno de estos 7 ungidos lo vete para que
usted se quede sin derecho a participar en la elección de la supuesta
“representación de las personas aseguradas”.
Los peligros son inmensos. Nada
garantiza que los poderes fácticos interesados en privatizar la CCSS no sean admitidos como
afiliados con derecho a voto en el nombramiento de su junta directiva. Nada
garantiza que a quienes luchan por defender a la institución se les vete
sistemáticamente, a menos que se sometan a la cúpula de una asociación privada.
Lejos de avanzar en democracia,
perderíamos la poca que nos queda. De aprobarse este proyecto, los 7 ungidos
tendrían injerencia vitalicia en la junta directiva de la institución más
importante de este país. Si alguien quiere oponérseles, simplemente le niegan
el ingreso a su asociación. Y el voto. Al menos al Poder Ejecutivo tenemos la
oportunidad de cambiarlo cada 4 años.
En conclusión. Creemos firmemente
en la necesidad de fortalecer y rescatar a la CCSS, por eso rechazamos rotundamente esta burda
maniobra para terminar de privatizarla. Creemos furibundamente en la democracia
participativa, por eso rechazamos de plano este intento mañoso por seguir
prostituyendo el instituto de referendo, duramente desprestigiado después del
fraude de 2007. Mientras no se corrija el proyecto de ley presentado, no
debemos firmar ninguna solicitud de referendo, por más bonita que la pinten.
Que no nos engañen. Defendamos la
CCSS: denunciemos esta vulgar maniobra.
