Diputados promueven proyecto para fortalecer inspección
Trabajo
multaría faltas laborales de los patronos
Actualmente, solo es
posible imponer las sanciones luego del trámite judicial
El Ministerio de Trabajo podría multar
directamente a los patronos por las faltas laborales que cometan en perjuicio
de sus empleados, una vez aprobado un proyecto de ley que se discute en el
Congreso.
La iniciativa fue elaborada en conjunto
por las diputadas Sandra Piszk, de Liberación Nacional, y Patricia Mora, del
Frente Amplio, e impulsa el fortalecimiento de la Dirección de Inspección de
Trabajo.
El proyecto de ley recibió el dictamen
afirmativo de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso la semana anterior y
está listo para el trámite de discusión en el plenario.
Actualmente, la entidad no puede
castigar a los patronos que violen las leyes laborales. La única forma de que
se imponga un castigo a un patrono es a través de un proceso judicial.
Piszk, legisladora liberacionista y
exministra de Trabajo, dijo que, por ahora, los inspectores tienen que hacer
más de una visita antes de aprobar una sanción, mientras con la reforma legal,
solo hace falta una inspección para determinar si un patrono incumple sus
obligaciones con los trabajadores.
“Durante mi gestión, se hizo un estudio
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que determinó que la
duración de los juicios laborales es de aproximadamente cinco años”, dijo la
verdiblanca.
Además de lo engorroso de llevar los
procesos laborales a sede judicial, Piszk señaló que actualmente las multas que
se imponen son las más bajas, sin importar la infracción cometida.
Faltas graves. La diputada
Patricia Mora explicó que la iniciativa conjunta establece un sistema de
gradualidad de las faltas, para evitar que, para efectos de la inspección
laboral, sea lo mismo no tener un botiquín que incumplir el pago del salario
mínimo.
De esa forma, las faltas leves se
castigarán con multas de entre un salario base (¢403.400) y siete salarios
(¢2.823.800); las infracciones graves costarán de ocho salarios (¢3.227.200) a
15 salarios (¢6.051.000), y las faltas muy graves se castigarán con multas de
16 sueldos base (¢6.454.400) a 23 salarios (¢9.278.200).
Mora también manifestó que la creación
de la sede administrativa para la sanción de las faltas acorta en años la
resolución sobre violaciones a los derechos de los trabajadores.
“La ley solo permitirá acudir a la vía
judicial en caso de que el patrono apele la decisión de la Dirección Nacional
de Inspección de Trabajo”, dijo Mora.
La iniciativa también recibió el apoyo,
en la Comisión de Sociales, de Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana;
Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana, y Carmen Quesada, del
Movimiento Libertario.
Quesada destacó que, aprobada la
reforma legal, la Inspección de Trabajo estará obligada a fiscalizar las condiciones
laborales de los empleados durante las 24 horas del día, para revisar el
cumplimiento de la ley en los horarios nocturnos.
La iniciativa establece la prohibición
a los inspectores laborales para dejar sin efecto un procedimiento
administrativo, una vez que se haya presentado, con el fin de cumplir con la
transparencia en la gestión.
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